Respeto a la vida humana

Una serie de casualidades me ha llevado a escribir sobre un tema que, aunque controvertido, no es muy tratado en Bolivia; esto debido a que en nuestro país no se aplica y solo recuerdo que, en la era democrática, haya sido “puesto en el tapete”, aunque de manera muy superficial, una vez, hace alguno años, por un débil candidato presidencial que buscaba atraer atención hacia sí.
Estoy hablando de la pena de muerte o pena capital, que consiste en la ejecución de un condenado por parte del estado, como castigo por un delito demasiado grave, denominado delito capital, y para el cual las penas privativas de libertad no serían suficientes.

Actualmente en el mundo existen 60 países en los que se mantiene la pena de muerte, 47 de los cuales son dictaduras o regímenes dictatoriales. De estos 60, se destacan China, Estados Unidos e Irán, no solo por hallarse entre los que presentan el mayor número de ejecuciones por año, sino por estar entre los únicos en los cuales se ejecutan a reos que todavía no habían cumplido los 18 años de edad al momento de cometer el delito. Sin embargo, en los últimos años se ha visto a nivel mundial una clara tendencia hacia la abolición de la pena de muerte, un ejemplo es el hecho de la supresión de la pena en varios países de Europa del este debido a que esta era una condición necesaria para poder integrarse a la Unión Europea.
Pero lamentablemente aquellos a los que todavía no ha alcanzado la evolución pretenden continuar con estas prácticas sanguinarias e inhumanas; Francisco González de la Vega (1901-1976), un reconocido jurista y político mexicano dice: “Se mata por motivo político. Social, religioso, pasional, y aun por puro placer de matar; y la ejecución ilegal de presuntos delincuentes, es otra manifestación de esta bárbara costumbre.”

Los que defienden la pena de muerte muchas veces recurren a los familiares de las víctimas de los delitos, apelando incluso a la sensiblería, para justificarse; presentando a veces argumentos tan simplistas e incluso estúpidos como el que la ejecución de los delincuentes pone “punto final” al sufrimiento de la familia. Pero el argumento más fuerte de los partidarios de la aplicación de la pena capital es que reduce el delito debido a que intimida a los criminales, a lo que Sebastián Soler, ex procurador general de la República Argentina, replicaba: “no es exacto afirmar que la introducción de la pena de muerte disminuye la criminalidad, ni que en los estados abolicionistas la criminalidad sea menor que en los demás. Las variaciones en la criminalidad no son explicables por su relación con la severidad de las penas, el asunto es mucho más complejo.”
Y de hecho, se puede probar empíricamente que tal intimidación no existe. Si fuera así, en los lugares en los que se aplica la pena capital, la cantidad de delitos sería menor a la de los lugares donde se prohíbe. Por ejemplo, desde que en 1976 se restituyó la pena de muerte en Estados Unidos, las ejecuciones pasaron de 0 a 60 por año aproximadamente; pero la tasa anual de homicidios se mantuvo prácticamente constante. Asimismo, en 2007, el promedio anual de asesinatos en los estados donde existía la pena capital era de 5.458 por cada 100.000 habitantes, mientras que en los estados donde no se aplicaba esta pena, el promedio era de 3.12, de acuerdo con el Death Penalty Information Center.
(www.deathpenaltyinfo.org)

Por otra parte, la posibilidad de “errores judiciales” es uno de los argumentos fuertes en contra de la pena de muerte; especialmente cuando la corrupción se campea en las entidades públicas. Carlos Iván Degregori, juez peruano, dice: “Errar es humano y, en el caso de la pena de muerte, irreversible. La posibilidad de error crece con un poder judicial como el nuestro, no solo débil y acosado por la corrupción, sino sesgado.”, luego de que en ese país se desatara el debate por la intención del presidente Alan García de instaurar la pena.
Amnistía Internacional ha seguido en todo el mundo casos de ejecuciones de personas posiblemente inocentes. En Estados Unidos, 123 presos condenados han sido liberados desde 1976 luego de que aparecieron pruebas de su inocencia. Muchos pueden intentar usar este argumento a favor de la aplicación de la pena de muerte, afirmando que los errores no han ocurrido, no obstante; lo más lógico sería pensar que ese número de 123 es mayor, pero que no todos pudieron conseguir las pruebas de su inocencia. De hecho, se estima que desde que se reinstauró la pena en el país del norte, unas 75 personas inocentes han sido ejecutadas.

En conclusión, Se pueden presentar toda clase de argumentos, pero al final creo que la pena de muerte se sostiene simplemente en un deseo de venganza, en un “ojo por ojo”, tan inhumano como el crimen que pretende castigar. Es un acto de barbarie y es una vergüenza que a esta altura de lo tiempos se siga practicando. Se debe respetar el derecho a la vida. Para decirlo de la forma más simple posible: no importa lo que diga un pedazo de papel, matar está mal.